El 11-S de Pando

Este domingo se cumplen tres años de los trágicos sucesos de Porvenir, en el departamento de Pando. Un necesario recuento de los hechos y del posterior desarrollo del caso se impone a manera de balance.

Los hechos de violencia se dieron poco después de que el prefecto pandino, Leopoldo Fernández, fuera ratificado en el Referéndum Revocatorio de agosto del 2008. En ese contexto, el encargado de derrotarlo, el entonces ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, pronunció un recordado discurso donde amenazaba con enviar a Fernández “al infierno, a convivir con los gusanos”.

Al parecer, lo que no se pudo lograr con los votos se conquistó con las balas, cuando un mes después del sufragio se orquestó una movilización de grupos sindicales afines al partido de gobierno hacia la ciudad de Cobija, con el propósito declarado de “retomar el INRA” y el objetivo real de propiciar la caída del prefecto opositor.

Ante el avance de las columnas “campesinas”, que incluían a varios portadores de armas de fuego, Leopoldo Fernández buscó la intervención de las fuerzas policiales y militares, de manera que se impidiera cualquier enfrentamiento.

La respuesta de las autoridades contactadas fue pedir instrucciones a La Paz, que nunca llegaron, en ausencia de las cuales las fuerzas citadas se mantuvieron pasivas hasta que ya fue demasiado tarde.

El día 11 de septiembre, los grupos de choque sindicales tomaron varios rehenes en la localidad de Porvenir, que sufrieron diversas agresiones y heridas. Hasta que los mismos actores asesinaron con armas de fuego a los funcionarios prefecturales Oshiro y Céspedes, situación que detonó la respuesta violenta de pobladores enfurecidos.

En la balacera subsiguiente murieron varios integrantes de los grupos movilizados por el gobierno, produciéndose la excusa perfecta para la declaratoria de Estado de Sitio en Pando, la militarización del departamento y el derrocamiento del prefecto.

En medio de esta intervención militar se produjo un nuevo crimen: el homicidio del pastor Luis Antonio Rivera, acribillado en el aeropuerto de Cobija mientras alzaba su Biblia pidiendo paz.

Después vino el informe Mattarollo, elaborado por una comisión de Unasur encabezada por un ex guerrillero del ERP argentino, documento sesgado e inverosímil que incluyó entre los muertos del grupo oficialista a personas que luego resultaron estar vivas, como es el caso del actual presidente del comité cívico pandino.

El exilio de unos 900 habitantes de Pando, que tuvieron que buscaron refugio en ciudades de Brasil (Brasilea y Epitaciolandia), fue uno de los síntomas más evidentes de la crisis de derechos humanos generada por la militarización.

Leopoldo Fernández fue encarcelado en San Pedro, donde permanece sin sentencia desde entonces, en una detención que viola todas las normas del debido proceso. Mientras tanto, todo el proceso judicial ha sido enfocado en culpabilizar al ex prefecto, sin reparar en los fuertes indicios de una instigación deliberada de la violencia desde esferas del gobierno central. No hay procesados por las ejecuciones de Oshiro, Céspedes y Rivera.

Sin duda, se trata de un caso en el que sólo podrá haber justicia una vez que Bolivia haya recuperado plenamente su democracia, hoy desfigurada…

FUENTE: Eju.tv