























El recibimiento de los paceños espectacular...ahora lo demas les corresponde a los politicos!
La candidata electa al Consejo de la Magistratura Cristina Mamani Aguilar habría cambiado su vestimenta
Cristina Mamani Aguilar ocupó el puesto 28 como candidata en la boleta electoral de estas elecciones judiciales, postulando al Consejo de la Magistratura. Por los votos existentes ella sería una de las titulares, en la fotografía se identifica a una mujer de pollera, sin embargo, quienes la conocieron mucho antes aseguran que cambio su vestimenta.
En el registro del Colegio de Abogados es una fotografía diferente.
‘Era una compañera que vestía pantalón, en cierto momento falda, es más en su vida profesional ella ha llevado pantalón y falda, por lo tanto, creo que para las elecciones cambió de imagen, creo que ahora está vestida de pollera. Me parece que la identidad no la ha sabido respetar y eso debe ser un principio fundamental y valorado por las personas. Mamani era una compañera de curso. Estábamos en Colegio Mariscal Andrés de Santa Cruz en Guaqui’ señaló Freddy Avalos, abogado caso octubre.
Pese a reiteradas llamadas ATB no pudo conocer la versión de la candidata electa. (ATB)
Algunos candidatos a cargos judiciales se sienten avasallados por sus similares del eje central
Afirma que predominó el número de votantes que existen en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
Sucre: El candidato a autoridad judicial califica de una manera injusta como los candidatos del eje acapararon un gran porcentaje de puestos ganadores.
‘Lamentablemente en esta circunstancia, de esta forma, los abogados que provenidos de centros menos poblados tenemos menores opciones, menores posibilidades de llegar y claro, entonces nuestros departamentos también tienen menos posibilidades de verse representadas ante estos tribunales Supremos de Justicia’ manifiesta Vladimir Gutiérrez, candidato..
Ven con preocupación que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, estaría en manos de los representantes de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. (ATB)
FUENTE: eju.tv
Tv noticias. Gobierno anuncia un déficit del Tesoro General
El Tesoro General del Estado va a tener un déficit frente al incremento salarial del 1%,, dijo el ministro de Economía, Luis Arce.
‘En abril de este año hemos dicho que si hay incrementos de sueldos no previstos, como ha ocurrido con el 1%, eso está claro, estamos tratando de que no se genere ese efecto, pero estamos viendo que este año el Tesoro va acabar con cifras rojas, no así los gobiernos municipales, no así los gobiernos departamentales porque hay que ser claros cuando hablamos del superávit o déficit fiscal siempre hablamos de los tres gobiernos: municipal, departamental y del gobierno nacional, en resto tal vez tenga superávit fiscal pero el Tesoro va empezar a mostrar cifras rojas por estos gastos no previstos. Si uno no tiene plata no puede aumentar los sueldos, pero se va hacer el esfuerzo, hay que planificar de cuánto podemos incrementar el próximo año’, indicó. (Cadena A)
Ministro dice que déficit pone en riesgo el aumento salarial del próximo año
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, señaló este lunes que el déficit del Tesoro General de la Nación tendrá una incidencia negativa en el incremento salarial del próximo año.
“Si uno no tiene plata es difícil poder aumentar los sueldos, pero ahí se va hacer el esfuerzo, hay que planificar y eso es lo que vamos a ver en el presupuesto, cuánto podemos aumentar el próximo año”, sostuvo.
Catacora indicó que los gastos no previstos ampliaron el déficit en el TGN, que este año culminará la gestión con cifras rojas.
“El tesoro va a acabar este año en cifras rojas, mas no el Gobierno Municipal y Departamental, el tesoro va a mostrar cifras rojas por los pagos no previstos”, señaló.
Asimismo indicó que el gobierno discutirá directamente con la Central Obrera Boliviana la política salarial para el próximo año, aunque lamentó la ausencia de los dirigentes en una primera invitación. (Erbol)
FUENTE: EJU.TV
Una resolución última de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) anuncia la intervención a radio Bartolina Sisa y al canal de televisión 57 de propiedad de la parroquia “Jesús Obrero”, ubicado en el barrio 1ro. de Mayo, en la parte sur de esa ciudad.
“Tomar los medios de comunicación que están en contra de nuestras organizaciones afiliadas a este ente sindical, como ser radio Bartolina Sisa, canal 57 y otras”, señalan las resoluciones y conclusiones del primer ampliado extraordinario de la COR El Alto del 7 de octubre de 2011.
Otra de las determinaciones señala que “bajo la Ley de Autonomías se debe crear el Tribunal de Imprenta inmediatamente para expulsar a los chantajistas y malos periodistas. Las noticias digitadas deben ser sancionadas severamente”.
La resolución también expresa su apoyo a los trabajadores del sindicato de Cuerpo de Cristo.
En tanto que el sacerdote Sebastián Obermaier, párroco de “Jesús Obrero” de El Alto, informó ayer a este diario que hasta ahora no se ha producido ninguna toma o intervención de la dirigencia sindical de la COR.
Sin embargo, añadió, los trabajadores del canal 57 hacen vigilia en el mismo canal de televisión como una forma de cuidar sus instalaciones y para evitar una posible intervención.
Obermaier explicó que hasta ahora no conoce en forma oficial de la determinación de la COR de El Alto, pero anticipó que hoy ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 en las instalaciones del citado canal.
Dijo que desconoce las causas que llevarían a una posible toma de parte de la dirigencia de la COR.
Otras determinaciones
La principal entidad que agrupa a los trabajadores alteños también resolvió recibir a los verdaderos originarios del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y no así a los que acompañan la marcha desde hace 60 días.
Otra de las determinaciones está referida a los actores del denominado “proceso de cambio” del gobernante MAS, pues la COR pide que “deben terminar con la soberbia y volver al pueblo”. Además, se pide “echar a los ministros que hacen quedar mal al Gobierno y deben ser sustituidos por personas originarias del pueblo”.
La COR exige a la Central Obrera Boliviana (COB) convocar a un congreso orgánico para dejar de lado la Tesis de Pulacayo y que en ese evento se admita a 40 delegados titulares y 30 suplentes, además de permitirles ser parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la principal entidad de los trabajadores.
FUENTE: Pagina Siete
CAUSA
Cinco años demanlos tratos a Santa Cruz
Cinco años de políticas dirigidas a afectar al aparato productivo de Santa Cruz, con amenazas sobre la tierra y sorpresivas prohibiciones de exportación.
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EFECTO
Afectan el crecimiento
Ahora el aparato productivo cruceño está dañado y ese departamento tendrá un crecimiento de solamente 3%, después de haber crecido en 5,5% durante las décadas de los ochentas y noventas.
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El presidente Morales dice que la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ha sido paralizada en espera de que se haga la consulta.
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La empresa constructora, la OAS de Brasil, dice que no ha recibido ninguna orden para detener el trabajo y advierte que cualquier cambio del trazo hará inviable el proyecto.
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Educación superior
“Entre 2000 y 2010 Brasil pasó de tener 1,8 millones d estudiantes universitarios a entre 6 y 6,5 millones”, según el Corporación Financiera Internacional (IFC). Esto es principalmente gracias el sector privado que participa cada vez más en educación. El despegue de la economía brasileña ha generado un enorme mercado de nuevos profesionales.
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Hidrocarburos en Brasil
En el largo plazo, la fortaleza del real y la expansión en la capacidad de exportación de gas natural de Estados Unidos, podría reducir la inversión en petroquímicas. Según el análisis del BM del cuarto trimestre de la industria hidrocarburifera de Brasil, el sector está sufriendo por la reducción en los precios externos e internos.
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Invertir en Colombia
El banco de inversión internacional J.P. Morgan dice que Colombia es el segundo país preferido por los inversionistas en la región, Brasil es el primero. Los inversionistas sostienen que Colombia se encuentra a punto de despegar y ni la crisis internacional podría frenar su potencial a largo plazo; la promesa de desarrollo es la ventaja.
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Bolivia gastó 375 millones de dólares para importar 503.000 toneladas de alimentos hasta julio. Cuatro son los principales productos importados: azúcar, con 91.000 toneladas por 78 millones de dólares; harina de trigo (114.000 toneladas y 46 millones); maíz (84.000 toneladas y 32 millones), y trigo en grano (53.000 toneladas y 17 millones) dio cuenta el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en conferencia de prensa ofrecida a tal efecto.
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Argentina no quiere depender del gas boliviano. Enarsa y otro proyecto para importar GNL. Se trata de una planta de regasificación que la estatal construirá en conjunto con YPF en Bahía Blanca. Una vez completada, aportará 25 millones m3 diarios al sistema. Comenzaría a operar en 2013.
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La importación aumenta su participación en la matriz energética argentina, y uno de los actores principales es el Gas Natural Licuado (GNL). Este martes (27/9) la petrolera YPF presentó su proyecto para, en conjunto con la estatal Enarsa, levantar una nueva terminal de regasificación.
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Carlos Delius, presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), señala que el país debe hacerse más atractivo a los capitales externos, tal que permita a los inversionistas tener utilidades aceptables y al Estado captar una óptima renta petrolera.
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Lo bueno
Es que YPFB tiene ahora nuevos gerentes, de tal modo que no habrá más huecos en la administración de la empresa.
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Lo malo
Es que sigue faltando la ley de hidrocarburos, que el actual gobierno comenzó a modificarla en enero de 2006 y todavía no termina la obra.
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Lo feo
Es que Carlos Villegas ha designado a Luís Fernando Vincenti en YPFB Transportes, el personaje que el presidente Morales señaló como el responsable de la actual crisis energética en el país.
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Los hechos de violencia se dieron poco después de que el prefecto pandino, Leopoldo Fernández, fuera ratificado en el Referéndum Revocatorio de agosto del 2008. En ese contexto, el encargado de derrotarlo, el entonces ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, pronunció un recordado discurso donde amenazaba con enviar a Fernández “al infierno, a convivir con los gusanos”.
Al parecer, lo que no se pudo lograr con los votos se conquistó con las balas, cuando un mes después del sufragio se orquestó una movilización de grupos sindicales afines al partido de gobierno hacia la ciudad de Cobija, con el propósito declarado de “retomar el INRA” y el objetivo real de propiciar la caída del prefecto opositor.
Ante el avance de las columnas “campesinas”, que incluían a varios portadores de armas de fuego, Leopoldo Fernández buscó la intervención de las fuerzas policiales y militares, de manera que se impidiera cualquier enfrentamiento.
La respuesta de las autoridades contactadas fue pedir instrucciones a La Paz, que nunca llegaron, en ausencia de las cuales las fuerzas citadas se mantuvieron pasivas hasta que ya fue demasiado tarde.
El día 11 de septiembre, los grupos de choque sindicales tomaron varios rehenes en la localidad de Porvenir, que sufrieron diversas agresiones y heridas. Hasta que los mismos actores asesinaron con armas de fuego a los funcionarios prefecturales Oshiro y Céspedes, situación que detonó la respuesta violenta de pobladores enfurecidos.
En la balacera subsiguiente murieron varios integrantes de los grupos movilizados por el gobierno, produciéndose la excusa perfecta para la declaratoria de Estado de Sitio en Pando, la militarización del departamento y el derrocamiento del prefecto.
En medio de esta intervención militar se produjo un nuevo crimen: el homicidio del pastor Luis Antonio Rivera, acribillado en el aeropuerto de Cobija mientras alzaba su Biblia pidiendo paz.
Después vino el informe Mattarollo, elaborado por una comisión de Unasur encabezada por un ex guerrillero del ERP argentino, documento sesgado e inverosímil que incluyó entre los muertos del grupo oficialista a personas que luego resultaron estar vivas, como es el caso del actual presidente del comité cívico pandino.
El exilio de unos 900 habitantes de Pando, que tuvieron que buscaron refugio en ciudades de Brasil (Brasilea y Epitaciolandia), fue uno de los síntomas más evidentes de la crisis de derechos humanos generada por la militarización.
Leopoldo Fernández fue encarcelado en San Pedro, donde permanece sin sentencia desde entonces, en una detención que viola todas las normas del debido proceso. Mientras tanto, todo el proceso judicial ha sido enfocado en culpabilizar al ex prefecto, sin reparar en los fuertes indicios de una instigación deliberada de la violencia desde esferas del gobierno central. No hay procesados por las ejecuciones de Oshiro, Céspedes y Rivera.
Sin duda, se trata de un caso en el que sólo podrá haber justicia una vez que Bolivia haya recuperado plenamente su democracia, hoy desfigurada…
FUENTE: Eju.tv
Julio H. Linares
¿Cuántos funcionarios públicos MÁS hay desde el 2005? Como 40.000 más. ¡Anote! ¿Cuántos pobres han tenido el derecho de nacionalizar su autito? (comentario copiado del Presidente) Como 140.000 ¡Anote! Ya tenemos como 200.000.
¿Cuántas hectáreas de coca dicen los de las Naciones Unidas que aumentaron desde el 2005? Como 7.000. ¿Y cuántos cocaleros son? Han dicho que unos 70.000. ¡Anote!, van casi 300.000.
¿Cuántos pesimistas dicen que se fueron en los últimos años a España? Leí en el periódico que como 250.000. ¡Eso, anote!, ya pasamos los 500.000.
¿Cuántas morenadas de más de mil integrantes dicen que había el 2005 en el Gran Poder? Como tres nomás me dijeron. ¿Y ahora? Como 10. ¡Listo, algo es algo! Anote 7.000 más.
Estirando, estirando, llegamos a unos 700.000. Pero redondearemos nomás. O sea, ¡UN MILLÓN! ¡Yastá la cosa! Un millón de habitantes salieron de la pobreza, tienen platita, son de la clase media pues, “caché” para el discurso del 6 de agosto.
Pero, ¿qué fuente usamos? Vos METELE de una organización del exterior, así nadie dice nada o usamos estrategia envolvente y de paso la descalificamos.
Disculpe el guión rústicamente escrito amable lector, pero como nadie del Gobierno se dignó en responderle a la Fundación Jubileo la metodología utilizada para estimar el millón de habitantes —que según Morales ahora es de la clase media—, tuve que imaginarme una reunioncita entre funcionarios de la plaza Murillo, en la que se calculó cuántos salieron de la pobreza en los últimos años.
Y claro que ésta es una versión extrema de la proyección hecha, pues seguramente el Ejecutivo tiene gente capaz de poder hacer cálculos de manera científica, pero ni ellos podrían hacer maravillas con la escasa y pobre información que tenemos. Menos cuando la última proyección del INE —que en parte revisa temas de pobreza (MECOVI)— fue hecha como hace un quinquenio.
Así está la cosa y mientras no haya el censo, calculitos irán y vendrán para que el Jefazo discurse.
Pero discursos no come la gente, necesita políticas públicas acertadas y éstas sólo se hacen con información exacta.
FUENTE: La Prensa – La Paz
Eju.tv
La página en la red fue interrumpida por un logo que identifica al grupo de piratas cibernéticos denominados “Anonymous” y un mensaje en el que se criticaba: la Ley de Telecomunicaciones, la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), los “pinchazos” telefónicos, el servicio de internet en Bolivia y donde se defendía la libertad de expresión.
“Pueblo boliviano, necesitamos tu apoyo, nos encontramos en un tiempo en el cual el Gobierno cree que nos puede manejar a su gusto y antojo, donde no se respeta la libertad de expresión, prueba de ello se detiene a un periodista por pensar diferente y vender su documento; los grandes cárteles de droga mundial ingresan a Bolivia, mientras la droga en Bolivia crece, el Gobierno quiere destruir el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), para construir una carretera”, señalaba el mensaje.
Asimismo, el grupo “Anonymous Bolivia” hace un llamado al pueblo boliviano “para unirse a la lucha contra este Gobierno” mediante grupos de internet.
Fuente: La Razón
La ambición del grupo de ciberactivistas Anonymous no tiene límites; existen numerosos ejemplos que sustentan la afirmación y a todos ellos se acaba de sumar otro con el que suben un peldaño más, la Operación Facebook mediante la que la organización pretende erradicar de Internet el próximo 5 de noviembre a la mayor red social de la actualidad. Así de claros y contundentes se han mostrado en el comunicado grabado en vídeo con el que han dado a conocer su nuevo objetivo:
Saludos mundo, somos Anoymous. En este breve periodo de tiempo hemos escuchado y visto el pánico que tienen los programadores de Facebook, parece que ahora ofrecen 500 dólares para encontrar errores en su página. Claro está que nada de esto es real, esto solo lo hacen para hacer creer al mundo que ellos tienen el dominio y nada de lo que se les haga podrá contra ellos. Como ya hemos dicho, estamos cansados de que se robe la información de las personas y se la vendan a hombres poderosos como si fueran trozos de papel. Este régimen ha llegado a su fin, Facebook va a dejar de existir. El día 5 de noviembre la Operación Facebook se llevará a cabo con total éxito y nada podrá impedirlo. Somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espérenos.
¿Bravuconada de Anonymous? En mi opinión esta vez sí. Una cosa es reventar la seguridad de unos cuantos servidores pertenecientes a la policía de Estados Unidos y sustraer de ellos 10GB de documentos confidenciales, defacear The Sun o tumbar la web que toque vía ataque DDoS y otra completamente diferente hacer desaparecer a Facebook de Internet; simple y llanamente no es viable.
No soy ingeniero informático ni nada por el estilo, pero sí se que las infraestructuras de Facebook son de las que impresionan contando con datacenters repartidos por diferentes lugares. ¿Existe alguna técnica que permita tumbar una red de datacenters? Informaticamente hablando no y físicamente sí, la de la dinamita, pero Anonymous no cuenta con la capacidad operativa para liarse a poner bombas en edificios y por otro lado eso no va en la línea del movimiento.
Veremos lo que pasa el 5 de noviembre, seguramente nada de nada o como mucho filtración de información relacionada con Facebook, intento de deface o de DDoS, que son los tres látigos con los que Anonymous golpea siempre a sus objetivos.
FUENTE: alt1040.com

Oposición dice que es un nuevo instrumento de persecución política.
Defensa. Los legisladores del MAS aseguran que las escuchas telefónicas son un extremo que serán utilizadas en los marcos que establece la Carta Magna.
El MAS aprobó ayer la Ley de Telecomunicaciones que autoriza el espionaje telefónico. La oposición afirma que con ello el oficialismo cuenta con un nuevo instrumento de persecución política.
El artículo 111 de esa norma, que fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, señala que las escuchas telefónicas estarán permitidas en caso de atentados al país, peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres.
Para ello obliga a los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación a cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas.
El senador Bernard Gutiérrez (CN-PPB) cuestionó el hecho de que a título de la seguridad del Estado se intervenga la comunicación de cualquier ciudadano.
“Una necesidad del Estado podría ser admisible en un país en el que rige un estado de derecho, pero lamentablemente, en este momento, ésa no es la situación de Bolivia. Hay una oposición política que está siendo perseguida, enjuiciada, hay un Ejecutivo que hace lo que le viene en gana, un Ministerio de Gobierno que no respeta las leyes, un Ministerio de Gobierno que paga a testigos a título de seguridad del Estado”, aseguró.
Empero, el oficialismo asegura que las escuchas telefónicas están en el marco constitucional. El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), según ANF, aseguró que esa medida es un extremo.
“Reitero, son los extremos en los marcos de la Constitución, no hay ninguna vulneración, está en resguardo de los derechos y el resto ha sido más una distorsión para poder abanderar alguna observación, no tiene sentido”, explicó.
Autoridad competente
La normativa no especifica cuáles son las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas para hacer ese requerimiento, lo que despierta susceptibilidad en la oposición.
El senador Gutiérrez dijo que por ello se insistió en que se especifique que ese pedido sea mediante una orden judicial, como manda la Constitución.
“¿Quién es el que define que está en riesgo la seguridad del Estado, eso lo va a definir el Ministerio de Gobierno?”, dijo.
Martínez replicó que esa especificación no era necesaria porque la Carta Magna garantiza los derechos de los ciudadanos. “Estos conceptos ya están establecidos en el marco constitucional y hay un abundante teoría donde se reconoce la excepción”, manifestó.
El senador Luis Pedraza (PPB-CN) consideró que aunque sea un juez el que autorice el espionaje telefónico, el hecho de que el MAS tome el control del Órgano Judicial hace pensar que se utilizará para otros fines.
“(Es) librar no sólo la privacidad de la comunicación digital, sino sobre todo la seguridad de las personas al albedrío de un Estado que cada vez tiene un comportamiento más represivo”.
Se consolida distribución de frecuencias
La Ley de Telecomunicaciones, sancionada ayer por la Asamblea Legislativa, dispone que la distribución de las frecuencias de radiodifusión será: un 33% para el Estado, 33% para el ámbito comercial, 17% para el sector social comunitario y el 17% restante para los pueblos indígena originario y campesinos.
Según ABI, la norma también señala que las licencias son un “derecho adquirido”, por lo que los titulares de las autorizaciones transitorias especiales o concesiones para el funcionamiento de emisoras de radio y televisión sólo deben migrar en el lapso de un año a otra instancia.
Asimismo establece que los mensajes presidenciales serán transmitidos dos veces al año, en cadena nacional, uno a principios de gestión y otro a medio año para que la población esté informada de las actividades del Ejecutivo.
La norma también promueve la expansión de la cobertura de los operadores de servicios de telecomunicaciones hacia áreas rurales.
El Día
El ejecutivo alista su promulgación. El Legislativo aprobó la ley, pese al rechazo de diputados opositores y de gremios de la prensa. La norma otorga un 33% del espectro electromagnético al Estado, otro tanto al sector privado y el tercio restante a organizaciones indígenas. También abre la posibilidad de ‘pinchar’ teléfonos.
El Congreso boliviano aprobó ayer una Ley de Telecomunicaciones criticada por la oposición y la prensa porque da al Gobierno y sus seguidores dos tercios del espectro y permite las escuchas telefónicas.
Asociaciones de emisoras de radio y de periodistas (foto) critican la norma porque, en su criterio, atenta contra las libertades establecidas en la Constitución, promueve el control de los medios de comunicación independientes y puede dar paso a la manipulación informativa oficialista.
Esta Ley de Telecomunicaciones, una de muchas que ha promovido Morales y afectan a la libertad de expresión y a los medios, según la oposición, también permite las escuchas telefónicas "en caso de peligro del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres".
Más de 400 estaciones de radio desaparecerían. Miembros del directorio de la Asociación Boliviana de Radioemisoras (Asbora), se reunieron ayer de emergencia para analizar la ley y proteger a las más de 400 estaciones de radio que desaparecerán con la nueva Ley de Telecomunicaciones, ya que hay un registro de más de 600 radios legales operando en Bolivia, y cuyas licencias, en la mayoría fenecen en 2017.
Los representantes de Asbora, señalan que se trata de un interés estatal evidente de controlar el 64% del espectro radial, ya que el Estado contará con el 33% de las frecuencias junto a 17% de las emisoras indígenas y 17% de las comunitarias, estas dos últimas al no ser comerciales y carentes de recursos se apoyarán al Estado para su subsistencia lo que determina que la mayoría de las frecuencias manejará el Estado. Las comerciales solo tendrán el 33% del espectro, situación sin igual en un sistema democrático que supuestamente garantiza la libertad de expresión.
FUENTE: eju.tv